Después de ser aprobado en el Congreso de la República, el proyecto de ley que regula la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión política espera la sanción del Presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la polémica que se ha generado es gigante, puesto que podría significar una restricción en el proceso y debate político del país.

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"Cuando se indague por conocimiento, favorabilidad u opinión sobre políticos o personajes públicos susceptibles de ser elegidos a un cargo uninominal de elección popular, se deberá incluir a candidatos con relevancia o notoriedad pública significativa, quienes hayan participado en elecciones similares previas y aquellos con reconocimiento o favorabilidad manifiesta”, indica el artículo 5.

También establece que las encuestas sobre la intención de voto podrán realizarse a partir de los tres meses después del primer día en que se abran las inscripciones para los candidatos. Es decir, se podrían publicar desde el 31 de octubre de 2025.

Cuando finalice el periodo de inscripción, deberán ser incluidos los candidatos inscritos para esa contienda.

Por otra parte, establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede ejercer control sobre la formulación de preguntas en las encuestas, la selección de muestras, la veracidad de los datos, las buenas prácticas y las posibles sanciones por manipulación.

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Habrá una Comisión para estudiar, evaluar y auditar el cumplimiento de esta ley. Además, asesorará al CNE en el control de estas medidas.

Por otra parte, solo podrán realizar estas encuestas las empresas registradas ante la comisión.

Esta ley fue promovida por Clara López (Pacto Histórico), Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y el representante Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo).

Críticas

César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, destacó que "el  camino al infierno está plagado de buenas intenciones, el resultado será menos encuestas públicas ciudadanía con menos información. Una mayor ventaja para los candidatos con dinero, que seguirán contratando encuestas".

Desde 2010 he sostenido que es necesario modernizar la regulación sobre las encuestas.

Pero el radicalismo ideológico aplicado sobre un instrumento técnico puede ser mal consejero.

El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, el resultado será menos encuestas… https://t.co/VqUkY5XRaj

— César Caballero (@C_CaballeroR) July 10, 2025

El representante Alirio Uribe estuvo de acuerdo porque "no se debe manipular los electores".